El Tribunal Constitucional Anula Parte de la Ley por el Derecho a la Vivienda

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. En su sentencia, el TC ha confirmado la validez de algunas disposiciones, pero ha declarado inconstitucionales ciertos artículos por vulnerar la tutela judicial efectiva y exceder las competencias estatales.

Esta decisión, que sigue la línea de la STC 79/2024, dictada en relación con un recurso previo del Consejo de Gobierno de Andalucía, afecta a puntos clave de la normativa que regulaban el mercado del alquiler y los procedimientos judiciales de recuperación de la posesión.

Aspectos Declarados Constitucionales

El TC ha desestimado la inconstitucionalidad de varios artículos clave, avalando la intervención del Estado en el mercado de la vivienda en los siguientes puntos:

🔹 Regulación del mercado del alquiler en zonas tensionadas (art. 15.1)

• Se confirma que la regulación de precios en zonas de mercado residencial tensionado es un ejercicio legítimo de las competencias estatales.
• Se descarta la alegación de que vulnera la autonomía local, dado que el Estado tiene competencias en intereses supralocales en materia de vivienda.

🔹 Obligaciones de transparencia en el alquiler y la compra (art. 31.1 y 2)

• Se mantiene la exigencia de que los arrendadores e inmobiliarias proporcionen información previa a los interesados en comprar o alquilar una vivienda.
• El TC concluye que esta norma mejora la transparencia y no vulnera el derecho de propiedad.

🔹 Limitación de rentas en zonas tensionadas (disposición final primera, apartado 3)

• Se confirma que la regulación de precios del alquiler en zonas tensionadas no vulnera el derecho de propiedad (art. 33 CE), ya que:
  • No obliga a los propietarios a alquilar.
  • No impone precios antieconómicos.
  • Se establece como una medida temporal y razonable basada en valores de mercado.

Aspectos Declarados Inconstitucionales

El TC ha anulado disposiciones que restringían los derechos procesales de los propietarios en procedimientos judiciales de recuperación de la posesión.

🔴 Requisitos para recuperar la posesión y subastas judiciales (disposición final quinta, apartados dos y seis)

• Se establecía la obligación de acreditar que el demandante era gran tenedor de vivienda y que el demandado no se encontraba en situación de vulnerabilidad.
• El TC ha considerado que estas medidas no son razonables ni proporcionales, ya que:
  • Imponen cargas procesales injustificadas a los propietarios.
  • Dificultan el acceso a la justicia para recuperar una vivienda ocupada o impagar.

📌 Consecuencia: Se anulan estas disposiciones por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Impacto y Críticas a la Ley de Vivienda

1. Efectos negativos en el mercado del alquiler

A pesar de que la ley pretendía garantizar el acceso a la vivienda, ha provocado un efecto contrario:

• Reducción de la oferta de alquiler, ya que muchos propietarios han decidido retirar sus inmuebles del mercado.
• Aumento de precios, debido a la menor disponibilidad de viviendas y la inseguridad jurídica generada por la intervención estatal.

2. Inseguridad jurídica para los propietarios

Las restricciones impuestas a los propietarios han creado un entorno de incertidumbre y falta de confianza en el mercado, afectando tanto a pequeños arrendadores como a inversores en vivienda.

3. Desprotección frente a la ocupación ilegal

La anulación de los apartados que dificultaban los procedimientos judiciales de recuperación de la posesión es un paso positivo para los propietarios, pero sigue existiendo un marco regulador que favorece la permanencia de ocupantes ilegales en detrimento de los legítimos dueños.

Conclusión

El Tribunal Constitucional ha avalado algunas medidas de intervención en el mercado de la vivienda, pero ha corregido los excesos que vulneraban los derechos procesales de los propietarios. Sin embargo, la normativa sigue generando graves distorsiones en el mercado del alquiler, reduciendo la oferta y encareciendo los precios, lo que perjudica tanto a inquilinos como a propietarios.

Es necesario replantear una política de vivienda que garantice el acceso a la vivienda sin desincentivar el alquiler ni vulnerar la seguridad jurídica de los propietarios.

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